¿Cuál está siendo el grado de cumplimiento del Canal de Denuncias?
Ya han transcurrido dos años desde que se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y el grado de implantación del canal de denuncias ha sido dispar según el ámbito (público o privado) que se analice.
Por un lado, las entidades privadas que tienen más de 50 personas trabajadoras se han ido adaptando de manera paulatina, lo cual se puede apreciar en las páginas web de dichas empresas, pues recordemos que es el medio a través del cual se debe dar acceso al canal de denuncias. Este tipo de entidades están siendo objeto de múltiples regulaciones (plan de igualdad, sostenibilidad, etc.), por lo que su grado adaptación está siendo mejor de lo esperado.
No obstante, hay que recordar que, no solamente aplica la obligación de disponer de un canal de denuncias a aquellas entidades del ámbito privado que tienen a un determinado número de personas en plantilla, sino que también es obligatorio que lo tengan adaptado a la Ley 2/2023: los partidos políticos, sindicatos y, sobre todo, las entidades que vengan obligadas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales (artículo 26 bis de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), los denominados sujetos obligados.
Por otro lado, las entidades públicas (ayuntamientos, mercantiles públicas, entre otros) no han alcanzado aun un grado de implantación adecuado, lo cual ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su Informe núm. 1.595, aprobado en fecha 28 de noviembre de 2024 (consultar). Este grado de cumplimiento ha sido bajo, no solo por la falta de canales implantados y puestos a disposición de terceros a través de la página web de cada consistorio, sino porque en muchas Comunidades Autónomas no se ha creado o designado a ningún organismo como Autoridad Independiente de Protección del Informante.
En Escura estamos especializados en el asesoramiento a entidades, tanto públicas como privadas, en relación con la implantación del canal de denuncias, así como en el asesoramiento para la resolución de dichas denuncias.
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