Las autoridades de protección de datos refuerzan su alianza ante los nuevos retos digitales
Con motivo del décimo aniversario del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las principales autoridades españolas de protección de datos han suscrito, por primera vez, una declaración institucional conjunta para reforzar la colaboración y afrontar de forma coordinada los desafíos derivados de la transformación digital, la inteligencia artificial y el uso intensivo de datos personales.
La declaración ha sido firmada por la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Autoridad Vasca de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, marcando un hito en la cooperación institucional en materia de privacidad.
El documento pone el foco en la necesidad de consolidar una auténtica cultura de la privacidad, reforzando la confianza de ciudadanos y organizaciones en los entornos digitales. Para ello, las autoridades anuncian un mayor impulso de guías, directrices y herramientas prácticas dirigidas especialmente a pymes, entidades con recursos limitados y sectores sometidos a una creciente complejidad tecnológica.
Asimismo, la declaración reconoce el papel estratégico de los delegados de protección de datos y profesionales de privacidad, considerados figuras esenciales para garantizar la correcta aplicación del RGPD dentro de las organizaciones. También se presta especial atención a colectivos vulnerables, como menores, personas mayores o víctimas de violencia de género, y al impacto que pueden generar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Otro de los mensajes relevantes es la apuesta por una actuación más coordinada y preventiva frente a los riesgos asociados al tratamiento masivo de datos y a los nuevos ecosistemas digitales. Las autoridades destacan que la protección de datos no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como un elemento clave para garantizar derechos fundamentales y generar confianza en una economía cada vez más digitalizada.
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