Canal de Denuncias – Anteproyecto de ley para reforzar la protección de las personas que comuniquen infracciones
Como ya se ha informado en anteriores circulares, es importante recordar el derecho a la protección que ostentan las personas trabajadoras que interpongan una denuncia o comunicación en los términos previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta protección queda recogida en el artículo 35 de dicha ley. Por ello, aquellas personas que interpongan comunicaciones o denuncias que sean veraces y conforme a lo establecido en la ley, tendrán una protección de dos (2) años frente a represalias.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, establece en su artículo 36 las acciones que se consideran represalias, siendo estas a modo ejemplificativo: la prohibición al despido, evaluaciones negativas respecto el desempeño profesional, la denegación de formación, aplicar un trato desfavorable, entre otras.
Dada la importancia del deber de protección y de la prohibición de represalias, el Ministerio de Trabajo ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley que modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
La finalidad de este anteproyecto es declarar nulos los despidos que se efectúen como represalia a los trabajadores que hayan interpuesto una denuncia o comunicación. Aunque este tipo de represalias ya están prohibidas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, el anteproyecto remarca que la protección recogida es insuficiente al no especificarse expresamente la nulidad del despido.
Por ello, se considera preciso reforzar las garantías de indemnidad de la persona informante dentro del ámbito laboral, y adaptar los preceptos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Por todo lo anterior, con dichas modificaciones se quiere conseguir reforzar tanto la seguridad jurídica, como la protección efectiva de las personas trabajadoras que comuniquen hechos susceptibles de tramitarse a través del Canal de Denuncias, limitando a las empresas el poder imponer represalias.
Para más información, a continuación, puede consultar el anteproyecto de ley: Consultar
© La presente información es propiedad de Escura, abogados y economistas, quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.
