Grandes Tenedores. Clarificación de criterio acreditación requisito de vulnerabilidad interposición demandas.
El Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia 26/2025, de 29 de enero, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Esta resolución tiene un impacto significativo en la regulación de los grandes tenedores de vivienda, afectando tanto a los procedimientos de recuperación de inmuebles como a las limitaciones en la fijación de rentas en zonas tensionadas.
La Sentencia anula parcialmente la exigencia de ciertos requisitos previos para admitir a trámite las demandas de desahucio interpuestas por grandes tenedores. Hasta ahora, se establecía que, en caso de ocupación sin título, la demanda no podría ser admitida sin que el propietario acreditara la situación de vulnerabilidad del ocupante mediante un informe administrativo.
El Tribunal considera que esta exigencia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que impone una carga desproporcionada a los grandes tenedores, al hacer depender el acceso a la justicia de la actuación previa de la administración, sin plazos ni garantías suficientes.
Si bien la sentencia mantiene la constitucionalidad de la regulación de los precios del alquiler en zonas declaradas como mercado tensionado, anula la aplicación automática del índice de referencia en aquellos casos en los que la vivienda no hubiera estado alquilada en los últimos cinco años. Se considera que esta medida carecía de una justificación suficiente y suponía una limitación excesiva del derecho de propiedad.
En consecuencia, la fijación de precios máximos en zonas tensionadas seguirá aplicándose, pero con mayor margen para su regulación por parte de las comunidades autónomas, evitando la imposición de condiciones automáticas que no atiendan a la realidad del mercado.
En Escura, nos mantenemos atentos a estas novedades legislativas y seguimos ofreciendo un asesoramiento integral para garantizar el cumplimiento normativo en materia de vivienda.
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