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Los pasados días 8 a 10 de septiembre se celebró en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) el I Congreso Internacional de Mediación, Arbitraje y Compliance, con el título de “Alternativas de solución de conflictos en el Siglo XXI”.

En materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el Presidente de la Audiencia Nacional, Don José Ramón Navarro Miranda, indicó que el hecho de que una persona jurídica pueda responder penalmente “obliga a encauzar y encajar bien el sistema penológico y a determinar en qué casos corresponde la responsabilidad a la persona jurídica y en cuáles a su representantes”. Debe tenerse en cuenta, además, que la responsabilidad penal de una persona jurídica es independiente de la de una persona física, esto es, que una puede ser condenada sin necesidad de que la otra también lo sea. El Excelentísimo Señor Navarro Miranda también calificó los Programas de Compliance como obligatorios a raíz de la reforma del Código Penal dada por la Ley Orgánica 1/2015.

En este mismo sentido se pronunció también Don Ángel Juanes Peces, Presidente del Tribunal supremo, quien expuso que “en España, se decide copiar al sistema anglosajón ya en vigor desde hacía años en el que al darse cuenta de que la mayoría de los delitos económicos se cometían en el ámbito empresarial y de que es muy difícil delimitar la responsabilidad de las personas físicas que han actuado en nombre de las compañías consideraron que había que establecer un sistema de prevención”.

Por su parte, don Jesús Lorenzo Aguilar, Director General de la Asociación Española de Mediación, destacó la importancia de una “colaboración estrecha entre los asistentes jurídicos y los mediadores para que diseñen programas de defensa efectivos”, dado que “ya ha habido dos sentencias del Tribunal Supremo que entran a valorar la cultura de la fidelidad al derecho de todas las personas jurídicas desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal”.

Finalmente, el ex ministro de Justicia, Don Francisco Caamaño Domínguez, señaló la importancia de tener un Programa de Compliance implantado en sede de relaciones comerciales con otras empresas extranjeras, puesto que les añade credibilidad. Por ello, llegó a la conclusión de que “lo que vamos a exigir a nuestras empresas españolas, a partir de la reforma del año pasado, es la implantación de una cultura del cumplimiento a todos los niveles”.