reequilibrioEs ilegal y se sanciona la bonificación de la implantación y actualización de la Protección de Datos

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, impulsa la formación entre empresarios y trabajadores para responder a las necesidades del mercado de trabajo y contribuir al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Tal entidad es la encargada de gestionar el crédito destinado a la formación de las empresas, gestionando ayudas a empresas para la realización de formación de sus trabajadores; éste crédito proviene de las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social cada mes,  a las cuales se les descuenta un porcentaje destinado a la formación de sus trabajadores.

Se ha detectado por parte de la Fundación Tripartita que existen empresas en el mercado, que ofrecen contratar sus servicios para llevar a cabo la implantación o actualización de la normativa de Protección de Datos de forma gratuita, utilizando el fondo de formación de la fundación Tripartita.

El Real Decreto 395/2007 y la Orden Ministerial 2307/2007 establecen que éste crédito está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores; por lo que no pueden utilizarse para pagar los servicios de implantación o actualización de la Protección de Datos de la empresa, así como para ningún tipo de asesoramiento jurídico.

El uso indebido o fraudulento de las ayudas que proporciona la fundación tripartita, pueden generar reclamaciones administrativas a través de actos de liquidación de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, con la imposición de sanciones; por lo que las empresas que se bonifiquen por la contratación de servicios de implantación, actualización y asesoría jurídica en materia de LOPD, deberán devolver los importes correspondientes y atenerse a las actualizaciones pertinentes del Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, considerándose infracciones muy graves disfrutar indebidamente de las ayudas, las desviaciones en su aplicación y el falseamiento de documentos o simulación de la acción formativa.