![\"\"](\"https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/mazo-e1465210738577-1.jpg\")
Las cuestiones sobre d\u00f3nde radica la culpabilidad de una persona jur\u00eddica que le permita ser condenada o cu\u00e1l es el fundamento de su responsabilidad penal han suscitado m\u00faltiples opiniones y discusiones doctrinales.<\/p>\nLas cuestiones sobre d\u00f3nde radica la culpabilidad de una persona jur\u00eddica que le permita ser condenada o cu\u00e1l es el fundamento de su responsabilidad penal han suscitado m\u00faltiples opiniones y discusiones doctrinales.<\/p>\n
Si bien no es ahora momento de remitirnos a los postulados dogm\u00e1ticos, valga indicar que, a pesar de que las resoluciones de los jueces y tribunales indican (de manera m\u00e1s o menos un\u00e1nime) que el fundamento de la imputabilidad de una persona jur\u00eddica se basa en un hecho propio, la Fiscal\u00eda sigue sosteniendo que la base es un hecho ajeno.<\/p>\n
En cuanto a la postura del Tribunal Supremo, sus resoluciones indican que para que se estime que una persona jur\u00eddica es penalmente responsable se requieren tres requisitos cumulativos, a saber: que la entidad tenga personalidad jur\u00eddica real, que el hecho imputado sea realmente delictivo y que, en este contexto, no se cuente con medidas de prevenci\u00f3n de delitos (programa de Compliance). La mera ausencia de dichas medidas no constituye por s\u00ed misma un delito, pero si no se tienen las personas jur\u00eddicas pueden ser sancionadas.<\/p>\n
Por su parte, el Ministerio Fiscal sigue manteniendo la tesis contraria, tal como manifest\u00f3 en su Circular 1\/2016. De hecho, en este sentido se pronunciaba el pasado 27 de abril el Fiscal ante el Tribunal Supremo Don Javier Mu\u00f1oz, quien lleg\u00f3 a afirmar que \u201cde lo que no hay duda es de que es imprescindible que las empresas tengan un protocolo de prevenci\u00f3n de delitos\u201d y que, en caso contrario, \u201cla responsabilidad va a ser autom\u00e1tica<\/strong>\u201d. Estas declaraciones no deben interpretarse literalmente, puesto que, como hemos indicado, no existe el delito de \u201cno tener un programa de Compliance<\/strong>\u201d (a diferencia de lo que inicialmente establec\u00eda el Proyecto de Reforma del C\u00f3digo Penal que cristaliz\u00f3 en la L.O. 1\/2015). Sin embargo, la tesis que sostiene la Fiscal\u00eda supone la imputaci\u00f3n por el hecho de no tener un programa de Compliance adecuado.<\/p>\n Esta discusi\u00f3n, que no ha sido zanjada definitivamente, excede de lo meramente dogm\u00e1tico y tiene una trascendencia pr\u00e1ctica que en muchos casos puede ser determinante del resultado de un posible proceso penal: la carga de la prueba. As\u00ed, si seguimos la tesis de los tribunales, deber\u00eda ser la acusaci\u00f3n quien determinara la insuficiencia de las medidas de prevenci\u00f3n de delitos en el seno de la persona jur\u00eddica; si, por el contrario, hacemos caso de lo que indica la Fiscal\u00eda, deber\u00eda ser la parte acusada quien debiera demostrar que sus medidas son suficientes.<\/p>\n Sin embargo, como decimos, esta discusi\u00f3n sigue abierta. A pesar de que las resoluciones judiciales van en este sentido, el Tribunal Supremo no ha llegado a utilizar este criterio como decisor en ninguna de ellas (recu\u00e9rdese que, en sentido estricto, s\u00f3lo hay jurisprudencia asentada cuando existen dos resoluciones en el mismo sentido basadas en un mismo criterio, no bastando la simple menci\u00f3n de una interpretaci\u00f3n normativa que no repercuta en el fondo de la cuesti\u00f3n tratada). Adem\u00e1s, la redacci\u00f3n actual del C\u00f3digo Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tampoco deja claro que la carga de la prueba recaiga sobre una parte u otra.<\/p>\n No obstante, el punto en el que ambas interpretaciones coinciden es en la necesidad de contar con un programa de Compliance adecuado pues, sea cual sea el tratamiento que le demos, es la \u00fanica manera de evitar una imputaci\u00f3n para la persona jur\u00eddica.<\/p>\n