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Seg\u00fan la normativa actualmente vigente, los programas de Compliance Penal est\u00e1n dirigidos \u00fanicamente a las personas jur\u00eddicas, previniendo que incurran en responsabilidad penal. No obstante, no todos los entes colectivos tienen personalidad jur\u00eddica. En estos casos, el C\u00f3digo Penal prev\u00e9 un r\u00e9gimen espec\u00edfico.<\/p>\n
As\u00ed, el art\u00edculo 129 CP indica que \u201cEn caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboraci\u00f3n, a trav\u00e9s o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jur\u00eddica, no est\u00e9n comprendidas en el art\u00edculo 31 bis, el juez o tribunal podr\u00e1 imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito<\/strong>, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del art\u00edculo 33. Podr\u00e1 tambi\u00e9n acordar la prohibici\u00f3n definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea l\u00edcita<\/em>\u201d.<\/p>\n Es decir, que adem\u00e1s de castigar penalmente a la persona f\u00edsica materialmente responsable del delito, se podr\u00e1 imponer a la organizaci\u00f3n las \u201csanciones\u201d siguientes: suspensi\u00f3n de sus actividades durante hasta cinco a\u00f1os, clausura de locales comerciales durante el mismo per\u00edodo, imposibilidad para ejercer con las mismas actividades en las que se haya cometido o facilitado el delito, imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas p\u00fablicas o de contratar con la Administraci\u00f3n, o intervenci\u00f3n judicial. Adem\u00e1s, la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensi\u00f3n de las actividades sociales y la intervenci\u00f3n judicial podr\u00e1n ser acordadas tambi\u00e9n por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucci\u00f3n de la causa.<\/p>\n El listado de delitos por los que se impondr\u00edan estas \u201cconsecuencias accesorias\u201d (que no tienen consideraci\u00f3n de penas, a pesar de que sus efectos puedan ser similares) es el siguiente:<\/p>\n Por tanto, se pueden imponer a los grupos de empresas, sucursales, Uniones Temporales de Empresas, organizaciones o cualquier otro tipo de entidades sin personalidad jur\u00eddica. El \u00fanico requisito para la imposici\u00f3n de consecuencias accesorias es la necesidad de que exista una persona f\u00edsica condenada por un delito cometido en el seno de una organizaci\u00f3n, puesto que las consecuencias accesorias lo son de la pena impuesta al autor del delito.<\/p>\n Por otro lado, esto equivale a decir que una persona jur\u00eddica no puede ser condenada por ninguno de estos delitos, aunque se le puede imponer alguna de las consecuencias accesorias en los casos en los que est\u00e9 tipificado.<\/p>\n Entre estos los anteriores, merece una consideraci\u00f3n aparte el delito contra los derecho de los trabajadores. El art\u00edculo 318 CP indica que \u201cCuando los hechos previstos en los art\u00edculos de este t\u00edtulo se atribuyeran a personas jur\u00eddicas, se impondr\u00e1 la pena se\u00f1alada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conoci\u00e9ndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podr\u00e1 decretar, adem\u00e1s, alguna o algunas de las medidas previstas en el art\u00edculo 129 de este C\u00f3digo\u201d.<\/em><\/p>\n Por tanto, por estos delitos se podr\u00e1 castigar a las personas f\u00edsicas de los administradores, directivos, responsables (si los hubiera), etc., pero no a la organizaci\u00f3n; a \u00e9sta \u00fanicamente se le podr\u00e1 imponer una consecuencia accesoria, a pesar de que los efectos sean similares, y ello tanto si la entidad contratante es una persona jur\u00eddica (por ejemplo, una sociedad mercantil) o una entidad sin personalidad (como una comunidad de vecinos).<\/p>\n\n