El pasado 23 de mayo, fue publicada en el BOE la Sentencia del Tribunal Constitucional 104\/2013, de 25 de abril, por la que se resuelve el Recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat de Catalu\u00f1a contra varios art\u00edculos de la Ley 62\/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.<\/p>\n
Entre los preceptos impugnados se encuentra el art\u00edculo 46.17 de la Ley 62\/2003, por el que se modifica el art\u00edculo 48.4 del Real Decreto Legislativo 5\/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que tras las modificaciones operadas en el transcurso del tr\u00e1mite del recurso, ha pasado a ser el art\u00edculo 48.5, cuyo contenido es el siguiente:<\/p>\n
\u00a0\u201c<\/i><\/b>La imposici\u00f3n de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social, a la entidad gestora o servicio com\u00fan de la Seguridad Social competente, salvo que la sanci\u00f3n afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de \u00e9stas.<\/i><\/p>\n
El servicio p\u00fablico de empleo comunicar\u00e1, en el momento en que se produzcan o conozcan, las infracciones contenidas en los art\u00edculos 24.3 y 25.4 de esta Ley, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, a los efectos sancionadores que a \u00e9sta le corresponden.\u201d<\/i><\/p>\n
Entiende el Tribunal Constitucional en su Sentencia, que se trata de una cuesti\u00f3n de Seguridad Social, en la que el Estado goza de competencia exclusiva respecto de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica y r\u00e9gimen econ\u00f3mico, si bien las Comunidades Aut\u00f3nomas tienen atribuida la competencia de ejecuci\u00f3n, en que queda incluida la potestad sancionadora, seg\u00fan declara el propio Tribunal Constitucional.<\/p>\n
En la propia Sentencia, cita el Tribunal otra anterior, la 195\/1996, de 28 de noviembre, en cuyo fundamento jur\u00eddico 8 se establece que quedan reservadas al Estado las competencias relativas a la tipificaci\u00f3n de infracciones y a la imposici\u00f3n de sanciones siempre y cuando se vea afectado el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la Seguridad Social, esto es, los referidos a la percepci\u00f3n de sus ingresos o a la realizaci\u00f3n de los gastos correspondientes.<\/p>\n
As\u00ed, para determinar la Administraci\u00f3n competente, hay que determinar si la imposici\u00f3n de sanciones en estas materias afecta directamente sobre la actividad econ\u00f3mica de Seguridad Social.<\/p>\n
A este respecto, se pronuncia el Tribunal Constitucional indicando que las conductas tipificadas no recaen directamente sobre la actividad econ\u00f3mica de la Seguridad Social, ya que no est\u00e1n relacionadas con la percepci\u00f3n de la prestaci\u00f3n por desempleo, sino que se refieren a las facultades de control de competencia auton\u00f3mica, por referirse a las obligaciones que ata\u00f1en a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, pero no recaen directamente sobre la percepci\u00f3n de aqu\u00e9lla.<\/p>\n
Para su inter\u00e9s, adjuntamos el link de la Sentencia del Tribunal Constitucional 104\/2013, de 25 de abril<\/p>\n