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La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 316\/2018, de 28 de junio, pone el acento en la importancia de contar con un buen programa de Compliance que depure la responsabilidad penal de las empresas, dejando que \u00fanicamente las personas responsables de los hechos reciban sanci\u00f3n por los mismos.<\/p>\n
En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda la importancia de los C\u00f3digos de Buenas Pr\u00e1cticas que, desde 1997, rigen para determinadas empresas (inicialmente s\u00f3lo las empresas cotizadas en bolsa, pero es cada vez m\u00e1s frecuente que cualquier tipo de organizaci\u00f3n tenga un documento similar).<\/p>\n
No obstante, lo importante de esta Sentencia radica en el hecho de que el Tribunal opina que los Programas de Compliance tienen la misma importancia que en su d\u00eda (y en la actualidad) tienen los C\u00f3digos de Buenas Pr\u00e1cticas, puesto que son un \u201cconjunto de normas de car\u00e1cter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del \u00f3rgano de administraci\u00f3n, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n eficaz e id\u00f3neo que le permita mitigar el riesgo de la comisi\u00f3n de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al \u00f3rgano de administraci\u00f3n, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados\u201d.<\/p>\n
El Tribunal Supremo considera que un protocolo de actuaci\u00f3n que determine no s\u00f3lo la prohibici\u00f3n de delinquir, sino las v\u00edas de comportamiento correctas cuyo seguimiento implique la no comisi\u00f3n de delitos, contribuir\u00e1 sustancialmente a dificultar la comisi\u00f3n de delitos en una empresa. En consecuencia, la organizaci\u00f3n podr\u00e1 demostrar su intenci\u00f3n de no delinquir y de actuar de manera correcta, lo que le supondr\u00e1 estar exenta de responsabilidad penal en un hipot\u00e9tico juicio ante un delito cometido por un trabajador, directivo o administrador.<\/p>\n
Esta resoluci\u00f3n finalmente apunta hacia el deber de diligencia de los administradores. Como norma general, la legislaci\u00f3n mercantil (en especial, la Ley de Sociedades de Capital) indica que \u00e9stos tienen, entre otros, los deberes de diligencia y de lealtad a la Sociedad. De hecho, el art\u00edculo 225.1 de esta Ley indica que \u201cLos administradores deber\u00e1n desempe\u00f1ar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos\u201d, y no hay que olvidar que la aprobaci\u00f3n de un programa de Compliance es responsabilidad, precisamente, de los administradores que pretendan impedir la comisi\u00f3n de delitos en sus empresas. Por tanto, el Tribunal Supremo interpreta que no haber adoptado un sistema de cumplimiento normativo incumple con el deber de diligencia que, por ley, los administradores est\u00e1n obligados a cumplir.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, en esta nueva Sentencia, el Tribunal Supremo da una gran importancia a la implantaci\u00f3n de un programa de Compliance en una empresa y, si bien no es un delito el hecho de no contar con uno, s\u00ed es un incumplimiento del deber de diligencia de los administradores que, adem\u00e1s, no permite eximir a la entidad de responsabilidad penal en caso de que alguna vez se cometiera un delito en su seno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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