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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en fecha 5 de octubre de 2017, dict\u00f3 una sentencia judicial por la cual declar\u00f3 que, proced\u00eda la solicitud de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, anudada a la lesi\u00f3n de un derecho fundamental, ante un despido declarado nulo, por adoptarse como represalia por haber testificado en contra de la empresa un trabajador en pleito de conflicto colectivo, aunque estuviera de manera poco detallada en la demanda presentada.<\/p>\n
Seg\u00fan el Alto Tribunal, la exigible identificaci\u00f3n de circunstancias relevantes para la determinaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n solicitada ha de excepcionarse en el caso de los da\u00f1os morales unidos a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental cuando resulte dif\u00edcil su estimaci\u00f3n detallada.<\/p>\n
En ese sentido, se determin\u00f3 que, en el momento en que la sentencia declara la existencia de vulneraci\u00f3n, el Juez debe pronunciarse sobre la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n que, en su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminaci\u00f3n u otra lesi\u00f3n de sus derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas, en funci\u00f3n tanto del da\u00f1o moral unido a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental, como de los da\u00f1os y perjuicios adicionales derivados.<\/p>\n
Concretada en el supuesto objeto de controversia la pretensi\u00f3n indemnizatoria de la parte demandante a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o moral, al no haberse acreditado perjuicios materiales concretos, para cumplir con el deber de cuantificar el da\u00f1o puede determinarse prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado dif\u00edcil o costosa, flexibilizando, en lo necesario, las exigencias normales para la determinaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, debiendo ser esta fijada de manera suficiente para resarcir a la v\u00edctima y para restablecerla, en la medida de lo posible, en la integridad de su situaci\u00f3n anterior a la lesi\u00f3n, as\u00ed como para contribuir a la finalidad de prevenir el da\u00f1o.<\/p>\n
En este punto, la valoraci\u00f3n realizada por el \u00f3rgano de instancia posee especial cualificaci\u00f3n, siendo admisible la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de los baremos sancionadores contenidos en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), graduando los hechos il\u00edcitos en funci\u00f3n de todas las circunstancias concurrentes.<\/p>\n
Finalmente, cabe indicar que, en cualquier caso, el acudimiento a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) act\u00faa como par\u00e1metro orientador, pero ello no significa que haya que examinar el asunto desde la misma \u00f3ptica que cuando se est\u00e1 imponiendo una sanci\u00f3n administrativa, es decir, seg\u00fan el principio de legalidad, tipicidad y non bis in idem.<\/p>\n
Por lo tanto, en conclusi\u00f3n, se parte de que, si ha existido una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, se debe fijar la indemnizaci\u00f3n asociada a ello.<\/p>\n