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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a indemnizar con m\u00e1s de 4000 euros a cada una de las cinco trabajadoras de un supermercado de Sant Celoni (Barcelona) que fueron despedidas disciplinariamente despu\u00e9s de que unas c\u00e1maras ocultas instaladas por su empresa grabaran la comisi\u00f3n de peque\u00f1os hurtos de alimentos por parte de las propias trabajadoras.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Tribunal, con sede en Estrasburgo, se fundamenta en la vulneraci\u00f3n del contenido en lo referente al derecho a la propia intimidad y privacidad incorporada tanto en la Convenci\u00f3n Europea de Derechos Humanos como en la Legislaci\u00f3n espa\u00f1ola vigente.<\/p>\n
En ambos casos, se establece la obligatoriedad de informar a cualquier persona sometida a mecanismos de video-vigilancia en su puesto de trabajo de la existencia de c\u00e1maras y cumplir con el deber de informaci\u00f3n que impone la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos para garantizar, entre otros, no s\u00f3lo la propia intimidad y privacidad sino tambi\u00e9n los ineludibles derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y oposici\u00f3n.<\/p>\n
La Mencionada Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos (LOPD) considera, como principio general, que el tratamiento de cualquier dato personal, incluyendo la imagen personal y formas diversas de grabaci\u00f3n, s\u00f3lo ser\u00e1 posible y l\u00edcito previo consentimiento de los titulares.<\/p>\n
No obstante, la normativa laboral, supone una excepci\u00f3n a esta regla general, ya que considera que no ser\u00e1 necesario el consentimiento de los titulares para obtener cualquier fecha destinada al mantenimiento y el cumplimiento del contrato laboral as\u00ed como a constatar la satisfacci\u00f3n de las obligaciones laborales derivadas de este contrato.<\/p>\n
En este caso y, siempre y cuando se considere que la adopci\u00f3n de medidas de vigilancia resulta proporcional y adecuada a las necesidades de la empresa, el consentimiento de los trabajadores no ser\u00e1 necesario para considerar l\u00edcita la vigilancia.<\/p>\n
Ahora bien, en ning\u00fan caso y bajo ninguna consideraci\u00f3n, la empresa podr\u00e1 eludir la obligaci\u00f3n de informar a los trabajadores de la circunstancia de estar sometidos a vigilancia y especificar qu\u00e9 uso y cu\u00e1nto de tiempo se conservar\u00e1n las grabaciones obtenidas a trav\u00e9s de las c\u00e1maras, as\u00ed como ante qui\u00e9n poder ejercer los mencionados derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y oposici\u00f3n (ARCO).<\/p>\n
A pesar de la claridad de la norma vigente, ni el Juzgado de lo Social de instancia ni el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a ni el Tribunal Supremo y, por \u00faltimo, el Tribunal Constitucional, apreciaron ninguna vulneraci\u00f3n de la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola y comunitaria a pesar de los despidos de las trabajadoras afectadas y se fundamentaron en exclusiva en el contenido de unas grabaciones obtenidas a trav\u00e9s de c\u00e1maras ocultas de la existencia de las cuales no se inform\u00f3 a las trabajadoras del supermercado y que grabaron durante semanas a la totalidad de la plantilla en el decurso de toda la jornada laboral.<\/p>\n
C\u00e1maras ocultas que, cabe indicar, conviv\u00edan con otras c\u00e1maras que hab\u00edan sido instaladas previamente, diferentes de las que sirvieron para obtener las grabaciones y, sobre las cuales s\u00ed se inform\u00f3, como es preceptivo, en los trabajadores.<\/p>\n