{"id":117161,"date":"2026-03-03T09:14:05","date_gmt":"2026-03-03T08:14:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.escura.com\/?p=117161"},"modified":"2026-03-03T09:14:05","modified_gmt":"2026-03-03T08:14:05","slug":"prohibicion-de-contratar-con-la-administracion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.escura.com\/es\/prohibicion-de-contratar-con-la-administracion-publica\/","title":{"rendered":"Prohibici\u00f3n de contratar con la Administraci\u00f3n P\u00fablica"},"content":{"rendered":"

\"Deducci\u00f3n<\/span><\/div>
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Prohibici\u00f3n de contratar con la Administraci\u00f3n P\u00fablica: facultades de las autoridades auton\u00f3micas<\/strong><\/h1>\n<\/div>
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La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo n\u00famero 50\/2026, de 26 de enero, ha establecido doctrina sobre qu\u00e9 autoridad de competencia puede directamente prohibir contratar con la propia Administraci\u00f3n P\u00fablica y fijar la duraci\u00f3n de dicha prohibici\u00f3n.<\/p>\n

Recordemos que, en la actualidad, existe una autoridad estatal, la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, \u201cCNMC\u201d) y pueden existir otras de car\u00e1cter auton\u00f3mico. En relaci\u00f3n con el caso objeto de la sentencia, la Autoritat Catalana de la Compet\u00e8ncia (en adelante, \u201cACCO\u201d) hab\u00eda sancionado a dos compa\u00f1\u00edas por infringir el art\u00edculo 1.1.c) de la Ley de Defensa de la Competencia (reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento). Adem\u00e1s de multas de un importe elevado, la ACCO impuso a las dos entidades la prohibici\u00f3n de participar, por un periodo de 18 meses, en licitaciones convocadas por el Servicio Meteorol\u00f3gico de Catalu\u00f1a, pues el art\u00edculo 71.1.b) de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (en adelante, \u201cLCSP\u201d) establece la prohibici\u00f3n de contratar para quienes hayan sido sancionados con car\u00e1cter firme por infracci\u00f3n grave por falseamiento de la competencia.<\/p>\n

Una de las entidades recurri\u00f3 en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo argumentando que las autoridades auton\u00f3micas en materia de competencia no tienen habilitaci\u00f3n para imponer la prohibici\u00f3n de contratar como una sanci\u00f3n de car\u00e1cter accesorio en sus resoluciones, pues nada figura en la Ley de Defensa de la Competencia.<\/p>\n

No obstante, el Tribunal Supremo sent\u00f3 como precedente que las autoridades auton\u00f3micas tienen la potestad de determinar, en sus resoluciones sancionadoras, la duraci\u00f3n y alcance de la prohibici\u00f3n de contratar con la Administraci\u00f3n P\u00fablica, al entender que la prohibici\u00f3n de contratar por el falseamiento de la competencia no se establecer\u00eda en nuestro ordenamiento jur\u00eddico como una \u201csanci\u00f3n accesoria\u201d integrada en la Ley de Defensa de la Competencia, sino como una consecuencia legal propia de la normativa de contrataci\u00f3n p\u00fablica prevista en el referido art\u00edculo 71 LCSP.<\/p>\n

Por todo lo anterior, es fundamental que aquellas empresas que se presenten a licitaciones p\u00fablicas tengan identificados en sus sistemas de compliance los riesgos inherentes a la contrataci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como las medidas de actuaci\u00f3n y\/o mitigadoras de dichos riesgos.<\/p>\n<\/div>

\u00a9 La presente informaci\u00f3n es propiedad de Escura<\/strong>, abogados<\/strong> y economistas<\/strong><\/a>, quedando prohibida su reproducci\u00f3n sin permiso expreso.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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