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La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, tal como hemos informado en circulares anteriores, est\u00e1 generando un creciente cuerpo jurisprudencial que desarrolla las disposiciones legales al respecto, puesto que \u00e9stas no siempre resultan suficientes para dar respuesta a todas las cuestiones que se suscitan.<\/p>\n
Una de estas cuestiones es el caso de la transnacionalidad: \u00bfqu\u00e9 sucede en los casos en los que la persona jur\u00eddica enjuiciada es extranjera?<\/p>\n
El art\u00edculo 23.1 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ) indica que \u201cEn el orden penal corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n espa\u00f1ola el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio espa\u00f1ol (\u2026), sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que Espa\u00f1a sea parte<\/em>\u201d. En el caso de una persona jur\u00eddica extranjera que delinquiese en Espa\u00f1a, la STS 583\/2017, de 19 de julio, el Tribunal Supremo confirm\u00f3 la condena que la Audiencia Nacional hab\u00eda impuesto previamente a una sociedad de Mali que hab\u00eda cometido un delito de blanqueo de capitales en Espa\u00f1a. De hecho, esta misma sociedad hab\u00eda sido condenada por un delito contra la salud p\u00fablica en la STS 154\/2016, de 29 de febrero.<\/p>\n No obstante, la Sentencia de la Audiencia Nacional 23\/2016, de 18 de julio de 2016, mostr\u00f3 una interpretaci\u00f3n discrepante bas\u00e1ndose en el art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil. Seg\u00fan esta Sentencia, no proced\u00eda acordar la disoluci\u00f3n de una determinada sociedad mercantil \u201cpues no es una sociedad nacional espa\u00f1ola, adem\u00e1s de su posible inexistencia puesta de relieve por los informes del SVA aludidos<\/em>\u201d. En este contexto, cabe recordar que el mencionado art\u00edculo 9.11 CC indica que \u201cLa ley personal correspondiente a las personas jur\u00eddicas es la determinada por su nacionalidad, y regir\u00e1 en todo lo relativo a capacidad, constituci\u00f3n, representaci\u00f3n, funcionamiento, transformaci\u00f3n, disoluci\u00f3n y extinci\u00f3n. En la fusi\u00f3n de sociedades de distinta nacionalidad se tendr\u00e1n en cuenta las respectivas leyes personales<\/em>\u201d.<\/p>\n Por supuesto, debe tenerse en cuenta que estamos hablando de responsabilidad penal de organizaciones con personalidad jur\u00eddica, aunque determinados aspectos tengan repercusiones civiles y\/o administrativas (como por ejemplo su hipot\u00e9tica disoluci\u00f3n en caso de condena, que deber\u00eda ser inscrita en el Registro Mercantil correspondiente). Por ello, la contradicci\u00f3n entre ambas normas debe solventarse, tal como hace el Tribunal Supremo, a favor de las disposiciones penales, aunque en los casos en los que se afecte al derecho interno de un Estado extranjero necesariamente se deber\u00e1 atender a las disposiciones de ese otro Estado.<\/p>\n Otra cuesti\u00f3n que cabe plantearse es la contraria, es decir, qu\u00e9 sucede cuando una persona jur\u00eddica espa\u00f1ola delinque en un Estado extranjero.<\/p>\n En este caso, debemos atender a lo que dispone el art\u00edculo 23.2 LOPJ que los tribunales espa\u00f1oles conocer\u00e1n \u201cde los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren espa\u00f1oles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad espa\u00f1ola con posterioridad a la comisi\u00f3n del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:<\/em><\/p>\n