![\"\"](\"https:\/\/www.escura.com\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/proyecto-reforma-fiscal-1.jpg\")
En concreto, se trata de la STS 3210\/2017, de 19 de julio. En ella, revoca parcialmente la anterior Sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a las personas jur\u00eddicas acusadas, rebajando la pena impuesta por responsabilidad penal.<\/p>\n
En este caso, se juzga un supuesto de blanqueo de capitales (art. 301 CP) por parte de los Administradores de varias Sociedades que formaban un Grupo, varias de las cuales ya hab\u00edan sido condenadas previamente por un delito contra la salud p\u00fablica. En este caso, a diferencia de lo que ocurri\u00f3 en la STS 154\/2016, de 29 de febrero, el Tribunal Supremo utiliza los criterios interpretativos de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas que \u00e9l mismo hab\u00eda empezado a asentar como ratio decidendi<\/em> (es decir, como argumentos que realmente fundamentan su decisi\u00f3n y que, por tanto, pueden llegar a ser constitutivos de aut\u00e9ntica jurisprudencia). En concreto, el Fundamento Jur\u00eddico 28 de esta Sentencia indica que la atribuci\u00f3n de responsabilidad penal a la persona jur\u00eddica enjuiciada se ajusta \u201c\u2026a las exigencias contenidas en el art. 31 bis, tanto seg\u00fan la redacci\u00f3n vigente en el momento de los hechos, como en la emanada de la reforma de 2015:<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em>a) Sus administradores y directivos (tanto de hecho como de derecho) actuando en representaci\u00f3n de la empresa han llevado a cabo una continuada actividad encajable en el art. 301 CP que es precisamente una de las figuras delictivas en que el legislador prev\u00e9 la imposici\u00f3n de penas para las personas jur\u00eddicas (\u2026).<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em>b) Concurre un innegable provecho o beneficio directo para la sociedad (\u2026).<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em>c) Y, por fin, est\u00e1 cubierta tambi\u00e9n la faz negativa de esa atribuci\u00f3n de responsabilidad: la persona jur\u00eddica carec\u00eda de un sistema efectivo de control implementado para anular o, al menos, disminuir eficazmente el riesgo de comisi\u00f3n en el seno de la empresa de ese delito (\u2026)<\/em>\u201d<\/p>\n Esta Sentencia tambi\u00e9n destaca por los razonamientos acerca de la reducci\u00f3n de las penas. En su Sentencia original, la Audiencia Nacional conden\u00f3 a la Sociedad a la pena de multa y, adem\u00e1s, a la suspensi\u00f3n de actividades y a la clausura de locales durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n Respecto a esto, el Tribunal Supremo raz\u00f3n que, a tenor de lo expuesto en el art\u00edculo 66 bis CP, no existe base para que la suspensi\u00f3n de actividades y la clausura de locales deba durar m\u00e1s de dos a\u00f1os (recu\u00e9rdese que este art\u00edculo indica que para la imposici\u00f3n de estas sanciones por un plazo superior a dos a\u00f1os ser\u00e1 necesario que se d\u00e9 alguna de las dos circunstancias siguientes: que la persona jur\u00eddica sea reincidente o bien que la persona jur\u00eddica se utilice instrumentalmente para la comisi\u00f3n de il\u00edcitos penales. Se entender\u00e1 que se est\u00e1 ante este \u00faltimo supuesto siempre que la actividad legal de la persona jur\u00eddica sea menos relevante que su actividad ilegal).<\/p>\n