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La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas es un \u00e1mbito en el que encontramos un cuerpo jurisprudencial creciente que define los conceptos b\u00e1sicos y su importancia. Este es el caso de la figura del \u201cdebido control\u201d, un concepto jur\u00eddico hasta hace poco indeterminado que el legislador introdujo en la reforma del C\u00f3digo Penal de 2010 como atenuante a la responsabilidad penal de estas entidades.<\/p>\n
La reforma de 2015 trajo consigo un mayor desarrollo de este concepto, indic\u00e1ndose que estas medidas ya no eran meras atenuantes sino que ten\u00edan la facultad de eximir a la persona jur\u00eddica de la responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir. De hecho, su materializaci\u00f3n son los llamados \u201cProgramas de Compliance\u201d, cuya importancia se ha demostrado creciente con el paso del tiempo.<\/p>\n
Tanto es as\u00ed que, como dijimos en anteriores Circulares, el Tribunal Supremo consider\u00f3, en el Fundamento Jur\u00eddico 8 de su Sentencia 154\/2016, de 29 de febrero, que la ausencia en una organizaci\u00f3n de dichos \u201cProgramas de Compliance\u201d (es decir, de las medidas de debido control) eran un defecto organizativo que justificaba, en parte, la imposici\u00f3n de una pena a la entidad.<\/p>\n
Este criterio se ha ido manteniendo, e incluso se ha ensalzado, con el tiempo. Tanto es as\u00ed que la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 38\/2017, de 30 de junio, condena a una empresa por un delito fiscal a una multa de 200.000 euros y a la imposibilidad de recibir subvenciones p\u00fablicas ni contratar con Administraciones P\u00fablicas durante dos a\u00f1os. Seg\u00fan se desprende de la resoluci\u00f3n, \u201cse aprecia que una obligaci\u00f3n tributaria esencial, como es el pago de un impuesto ordinario, cuya ausencia o constataci\u00f3n de pago y cumplimiento de obligaciones fiscales es f\u00e1cilmente constatable y controlable, por lo que, a priori, se revela una ausencia de un debido control sobre una obligaci\u00f3n ordinaria de naturaleza tributaria, que permite concluir en la existencia de responsabilidad criminal ya que nos encontramos en presencia de una obligaci\u00f3n tributaria ordinaria, cuyo impago no fue constatado, ni controlado<\/em>\u201d.<\/p>\n No obstante, la propia Sentencia admite que la empresa hubiera podido evitar la condena si contara con un Programa de Compliance, ya que ello hubiera demostrado la existencia del \u201cdebido control\u201d. En otras palabras, que la Audiencia Provincial de Pontevedra aprecia responsabilidad penal por el impago de un impuesto determinado, y presume que hubo el dolo que exige el tipo penal del art\u00edculo 305 CP. Sin embargo, si la empresa hubiera tenido implantado un Programa de Compliance adecuado, se hubiese estimado que el impago se trataba de un hecho (voluntario o imprudente) que \u00fanicamente afectaba a la persona responsable, pero no al global de la empresa.<\/p>\n En este caso, pues, la ausencia de \u201cdebido control\u201d deja de ser meramente un defecto organizativo para convertirse en la principal fundamentaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Ello conduce a remarcar la importancia pr\u00e1ctica de los \u201cProgramas de Compliance\u201d, que, con independencia de si se les considera una eximente en sentido estricto o una causa de exculpaci\u00f3n, se proclaman como la \u00fanica soluci\u00f3n para que la empresa no sea condenada.<\/p>\n